Hacinamiento en las cárceles; Alerta roja por la baja cobertura de vacunación en las cárceles.

La Procuraduría General de la Nación predio las alertas por la baja cobertura de la vacunación contra el coronavirus (covid-19) en las cárceles del país en un periodo en el cual la variante delta es la predominante en el país y están prendidas las alarmas por la eventual llegada de la nueva variante africana 

La Procuraduría constató que a pesar de que en enero se priorizó la población carcelaria para vacunarla contra el virus, 11 meses después solamente el 37% de los reclusos cuenta con el esquema completo y solo el 49% del personal de vigilancia lo tiene. 

La Procuraduría también alertó sobre los 654 casos de covid-19 en las cárceles confirmados por el Instituto Nacional de Salud. 

Por eso, a través del procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, la Procuraduría hizo un llamado urgente al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) para que implementen medidas con el fin de cumplir con el Plan Nacional de Vacunación. 

“Para la ejecución oportuna y eficaz de la vacunación contra la covid-19 dirigida a la población privada de la libertad recluida en centros penitenciarios y carcelarios, aunando al cumplimiento de los lineamientos para la vigilancia epidemiológica”, se lee en el documento que la Procuraduría envió a las autoridades penitenciarias. 

En ese sentido, la Procuraduría les dio un ultimátum de tres días para que entreguen un informe sobre el plan de acción coordinado con las autoridades distritales y departamentales para aumentar el número de personas vacunadas con el esquema completo. 

La Corte Constitucional también le pidió informes al Inpec sobre la situación actual de la covid-19 en las cárceles como por ejemplo pidió información sobre el número de internos contagiados, el número de fallecidos y recuperados, y un consolidado de las pruebas covid- 19 que se han realizado al interior de las cárceles, así como el avance de vacunación de los presos y el acceso al agua para el lavado frecuente de manos.

La Corte también quiere saber cómo se ha cumplido el tema de las pruebas de laboratorio, la desinfección, el incremento de personal médico y la entrega de elementos de protección en los diferentes establecimientos de reclusión del orden nacional.